Case No Country Mandate(s) 31/05/2016 JAL GTM 5/2016 Guatemala Arbitrary Detention; Business; Freedom of opinion and expression; Freedom of peaceful assembly and of association; Human rights defenders; Indigenous peoples Alegaciones de acoso judicial y criminalización contra seis defensores de derechos humanos, medioambientales y de los derechos de los pueblos indígenas en el departamento de Huehuetenango. Algunos de ellos son autoridades de los pueblos indígenas maya q’anjob’ales en la región. Según las informaciones recibidas, el 26 de febrero de 2015, los Sres. Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Pedro y Arturo Pablo Juan habrían sido detenidos por los cargos de amenazas, instigación a delinquir, reunión y manifestación ilícita plagio y secuestro. El 24 de marzo de 2015, los Sres. Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar habrían sido detenidos por los cargos de coacción, amenazas, atentado, instigación a delinquir, obstaculización de la acción penal, plagio o secuestro. El 2 de junio de 2015, el Sr. Bernardo Ermitaño López Reyes habría sido detenido por los cargos de amenazas, coacción, obstaculización de la acción penal, instigación a delinquir, atentado, y plagio o secuestro. Las personas arriba citadas se encontrarían en detención preventiva. Todas habrían sido acusadas de formar parte de una red criminal. Se reporta sin embargo que la detención y procesos judiciales contra las personas arriba citadas no tendrían fundamento y representarían una forma de acoso judicial en respuesta al ejercicio legítimo de sus derechos y su trabajo de promoción y protección de los derechos humanos. 31/05/2016 JAL OTH 17/2016 Other actors Business; environment; executions; Freedom of opinion and expression; Freedom of peaceful assembly and of association; Human rights defenders Allegations concerning the assassination of an environmental human rights defender. According to the information received, on 22 March 2016, Mr. Sikhosiphi Rhadebe, a human rights defender and member of Amadiba Crisis Committee (ACC), was shot and killed outside his home by two unidentified men. Earlier in March 2016, Mr. Rhadebe had been informed that his name, together with other members of the ACC were on a “hit list” of strong opponents to mining operations in Xolobeni. The ACC had previously been subject to violence by mining companies due to protests against licences in the area. Summary of the allegation transmitted Reply A/HRC/33/32 100 Date Type