Case No
Country
Mandate(s)
Summary of the allegation transmitted
Reply
HND 9/2011
25/10/2011 Honduras
JUA
Adequate
housing; Food;
Freedom of
expression;
Freedom of
peaceful
assembly and of
association;
Human rights
defenders;
Summary
executions;
Torture;
Presunto asesinato, atentado contra la vida, detención arbitraria y amenaza de muerte. Según las
informaciones recibidas, el 2 de octubre de 2011, el Sr. X, miembro de la cooperativa Lempira
afiliada al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), habría sido asesinado por
guardias de seguridad de una finca privada en el valle del Bajo Aguán. Desde enero de 2010
aproximadamente 40 personas vinculadas a las organizaciones campesinas de la región habrían
sido asesinadas. El 5 de octubre de 2011, los Sres. Y, tesorero del Asentamiento Campesino La
Aurora, y Z, secretario de la misma cooperativa, habrían sido atacados con armas de fuego por
guardias de seguridad y habrían resultado gravemente heridos. El 6 de octubre de 2011 el Sr. A,
miembro del Movimiento Campesino Recuperación Nacional, habría sido detenido y trasladado a
las oficinas de la policía en Tocoa, Colón donde le habría interrogado, golpeado y se le habría
aplicado toques eléctricos. La policía le habría dado dos días para que denunciara a los dirigentes
de la organización campesina y le habría amenazado de muerte en caso de no proveer la
información.
CHL 1/2011
26/10/2011 Chile
JAL
Indigenous
peoples;
Terrorism;
Torture;
20/12/2011
Alegaciones de violaciones al derecho de debido proceso de presos mapuches, inicialmente
imputados bajo la ley antiterrorista. Según la información recibida, se ha seguido aplicando la ley
antiterrorista (Ley No. 18.314) en los procesos de investigación contra miembros de
comunidades mapuches, y se han pronunciado condenas a miembros de comunidades mapuches
con base en dicha legislación. Tal ha sido el caso de los Sres. Héctor Javier Llaitul Carrillanca,
Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman, José Santiago Huenuche Reiman y Jonathan Sady
Huillical Méndez, quienes fueron condenados por la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en
lo Penal de Cañete el 22 de marzo de 2011. Las pruebas utilizadas en el juicio podrían haber sido
adquiridas a través de la tortura y los malos tratos de los acusados. Los cuatro presos habían
estado en huelga de hambre durante más de dos meses, en protesta por la aplicación en su contra
de la ley antiterrorista, que resultó en condenas de 20 a 25 años de cárcel. Posteriormente, los
cuatro presos presentaron recursos de nulidad de dicha sentencia ante la Corte Suprema de
Justicia argumentando que sus derechos al debido proceso no habían sido respetados. El 3 de
junio de 2011, la Corte Suprema emitió una sentencia que anulaba parcialmente la condena del
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. En aplicación del derecho penal común, la Corte
Suprema redujo las sentencias de los cuatro presos.
A/HRC/19/44
128
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